Aportaciones y opiniones

Zelaya Procesa al País; Reclama Indemnización y Constituyente
Con argumentos discutibles y demostrablemente falsos, el ex presidente Zelaya y sus ex-ministros presentaron una petición de sentencia contra el Estado de Honduras, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reclaman (sigue vigente este proceso) “una indemnización económica, una sanción disciplinaria y penal contra responsables del “golpe de estado”, “restablecimiento de la democracia” a través de la convocatoria e instalación de un Asamblea Nacional Constituyente, que se adopten medidas conservatorias urgentes, la suspensión inmediata de las ordenes de captura, y que le sean solicitadas a la Corte medidas provisionales a favor de Zelaya, a su familia y ministros”.
Comenzaremos con el tema de la suspensión de las órdenes de captura y las medidas provisionales. Siguen siendo incongruentes (y de esto debe haber constancia en la Comisión de la Verdad porque la CIDH tomara estos datos con seriedad, siendo estos un veredicto y no una tesis). Siempre irrespetaron a la Corte (y sus resoluciones definitivas e inapelables) y ahora intentan conseguir un beneficio aparentando una respetabilidad que no existe y que nunca ha existido. Esto forma parte del proverbial comportamiento de estos personajes que actúan a conveniencia. Dirán ellos que no hay contradicción entre su conducta anterior de desconocer a la Corte y esta nueva, porque siempre fueron precisos en sus posturas “legitimas” (Así tratan de esconder su flagrante impudicia ante la ilegalidad.). Siempre ladinos, dirán que lo que piden es “legitimo” y que tienen el “derecho”, y la “ultima necesidad” de acudir a un organismo internacional, constriñendo a la justicia Hondureña a aceptar sus designios, sin presentarse personalmente ante los tribunales (cosa que varios corruptos aun no han hecho, haciendo gala de una falsa “dignidad”). Dentro de la hipótesis de que la CIDH considerase (como vienen intentando los vende-patrias) que las órdenes de captura son ficticias y zanjadas durante un golpe de estado y soliciten al Estado de Honduras que estas sean suspendidas y que se soliciten medidas provisionales contra los exfuncionarios, estaría incurriendo en grave falta contra el Estado de Derecho. El Estado Hondureño pierde en cualquiera de los casos. Por un lado, imponer medidas provisionales y suspender las órdenes de captura – cosa absurda e inexistente en la legislación hondureña – sería permitir un impune regreso de Zelaya y sus ministros con el único objetivo de perpetrar una dictadura. Por el otro lado, si llegáramos a estos extremos, el Estado de Honduras estaría enfrentado con la CIDH porque la Corte Suprema habría decido no doblegarse (y doblegar el estado de derecho) para complacer los propósitos de los vende-patrias, ahora representados por la CIDH. Desconocemos si ya lo hace, pero si la CIDH cobija que la Corte Suprema de Honduras es “golpista” y victimaria, cualquier cosa que ésta haga puede ser vista como una “nueva” prueba de arbitrariedad. Pero, ¿Por qué la CIDH le solicitaría algo a una corte golpista y arbitraria? Muy simple: las victimas se lo piden. ((Dentro de este supuesto, aunque la CIDH le haga solicitudes, es probable que la CIDH nunca reconozca la legitimidad de la Corte.))
Es en asuntos como estos en donde podemos apreciar cuan portentoso es el nivel de marrullería inherente en estas personas. Primero injurian a la Corte Suprema y la tildan de apócrifa, y al mismo tiempo procuran lograr que ésta les suspenda sus procesos “apócrifos”. El mero hecho de que (desde afuera) procuran que se les suspendan estos cargos (algo que no va a suceder), prueba que estos son reales y vigentes. En definitiva, hay muchos exfuncionarios que se han presentado ante los tribunales de justicia y ahora gozan de sobreseimiento definitivo porque fueron encontrados inocentes. Esto es algo que los vende-patrias radicados en el exterior pretenden ocultar. Deniegan la independencia de la justicia para encubrir sus delitos y su corrupción. Cosas veredes…..diría Cervantes.
Por otro lado podemos notar que los ex-ministros son muy astutos en su forma de requerir una amnistía a sus crímenes, tratando de convertirse únicamente en víctimas de un “golpe de estado”, cuando no lo son. Tampoco son adalides de paz y buen entendimiento. También es notorio que con su usual estilo socarrón y autoritario, nuevamente estos ex-ministros desconocen y deslegitiman a la Corte Suprema del Estado de Honduras. Lo hicieron antes del 28 de Junio, cuando no tenían nada que argumentar en contra de ella, y por supuesto lo hacen después de los hechos del 28 de Junio. Entonces, porque la corte ordenó el arresto del expresidente Zelaya (legalmente, por su flagrante y abierta violación a la constitución y el balance de poderes), ellos argumentan que fue cómplice en “el golpe de estado”. En ambos casos persiste la actitud de sentirse por encima de la justicia representada por un poder del estado.
Como conocen que la CIDH llama en sus artículos a agotar los recursos internos antes de presentar un reclamo ante su jurisdicción, y ellos saben que justamente volverán a perder su caso, entonces osan argumentar que a ellos no se les puede exigir este requisito. Vuelven a fastidiar con el cuento de que fueron víctimas de un “golpe de estado”. Paso siguiente tratan de ir sistemáticamente eliminando las pruebas existentes acerca de la legalidad de la captura de Manuel Zelaya. Necios, tratan de pintar a la Corte como falsaria por “haber dado fe de la existencia de una orden de captura previa contra el (ex) presidente constitucional Manuel Zelaya, de la cual hay prueba plena de su inexistencia previa” (CUANDO NOTO QUE INTENTAN REESCRIBIR LA HISTORIA, ME RIO Y ME PREGUNTO, ¿CUAL PRUEBA? ¿YA LA INVENTARON? ¿CUANDO LA PUBLICARAN? ¿SERA PARA CUANDO LOGREN PERPETRAR LA DICTADURA?).
Los argumentos que se presentan no son nada confiables dada la desfachatez con que mienten. Muy convenientemente descontextualizan todo lo sucedido en Honduras. Incurren en locuacidad, por ejemplo, al afirmar que el estado de derecho en Honduras “colapsó”. Esto cae dentro de lo verdaderamente cómico dado que esto es falso, y en todo caso se habría convertido en realidad si Zelaya y su grupo hubieran logrado su propósito de asaltar la república y perpetrarse en el poder. Allí, sin duda, estaría sepultado el Estado de Derecho.
Todos sabemos que el expresidente Zelaya fue capturado en la madrugada y que algunos de sus ministros tuvieron que huir para evitar ser capturados. Esto puede ser visto como un acto de barbarie en una democracia si no se hace el argumento de que Zelaya ya había asestado su propio golpe contra la democracia Hondureña y que lo sucedido en todo caso era un CONTRAGOLPE, que fue necesario para preservar la democracia. Era la única oportunidad que se tenía.
Más allá de contrarrestar los argumentos de los verdaderos golpistas (y además vende patrias), es necesario hacer una reflexión sobre las circunstancias que orillaron a las instituciones Hondureñas a tomar las determinaciones que tomaron, y tomar en consideración que Zelaya fue el responsable de orillar de este modo a las instituciones Hondureñas. Algo que no se sabe en el exterior es que Zelaya lideró una turba y asaltó una base militar (la constitución de Honduras dictamina que los militares son custodios de la constitución) que resguardaba el material electoral (traído de Venezuela) decomisado por ordenes de la corte suprema. Tampoco se sabe que Zelaya ya tenía preparada la toma definitiva de Honduras la misma noche del 28 de Junio, que tenía seleccionada a la constituyente, y que pronto disolvería (como lo dijo en reiteradas ocasiones) a la Corte Suprema, y al Congreso. Todos estos procedimientos fueron abiertamente ilegales, dado que el único órgano facultado para llamar a una constituyente es el Congreso de la República, y dado que el único órgano facultado para llevar a cabo este tipo de consultas (por ley primaria) es el TSE. En el exterior no se sabe que Zelaya seria juez y parte en esta consulta hecha por el INE (que no tiene facultades para esto), pues este controlaba este órgano. Ni siquiera las firmas requeridas para llamar a una consulta fueron obtenidas de forma honesta. Todo empleado público debía reunir 300 firmas so pena de ser despedido. Todos los ministerios se dieron a la tarea de reunir firmas. Es falso que la iniciativa viniera del pueblo. Todo era un fraude muy bien orquestado para destruir la democracia. Además de ilegal, era ilegitimo.
Por tanto, la clave para ganar el caso es calificar lo sucedido contra Zelaya de CONTRAGOLPE. Ya sabemos que la comunidad internacional calificó lo sucedido como golpe, entonces lo más provechoso que se puede hacer es contextualizar todo lo sucedido, y la mejor forma de hacerlo es empleando el termino CONTRAGOLPE. Este termino hace necesario que se haga una reflexión sobre qué es lo que Zelaya hizo (lo que sucedió antes del 28 de Junio). Ya cuando esto se logra, se ha logrado dar vuelta a la tortilla y se ha logrado responsabilizar a su gobierno de los desmanes que ellos pretenden queden impunes, con el argumento de “el golpe de estado”. La CIDH entonces deberá escuchar y saber que Zelaya y su gobierno violaron los derechos humanos, siendo uno de los tantos ejemplos el no prestar atención medica en los hospitales públicos si el paciente se negaba a firmar a favor de la realización de la consulta/fraude. Así como imputan a los gobiernos de Micheletti y Lobo cualquier muerte, así también se puede ilustrar que en el gobierno de Zelaya murieron una gran cantidad de periodistas, y también se puede hacer saber que durante su gobierno murieron la mayor cantidad de abogados que la historia de Honduras haya visto. Vuelvo a repetir que por ley primaria en Honduras el único facultado para llevar a cabo estas consultas es el TSE y no el INE. Las leyes harán que ganemos el caso y eso solo puede suceder si se pone todo en contexto. ESO ES EXACTAMENTE LO QUE ZELAYA Y SUS MINISTROS NO QUIEREN QUE SUCEDA. Ellos quieren que la demanda se limite al tal “golpe de estado” y a “que se les violaron los derecho humanos” y pretenden que el estado meramente se defienda.
Como ya se ha visto, y es evidente, el estado debe pasar a la ofensiva. Aquí sería relevante sacar a la luz el decreto que Zelaya publicó el 27 de Junio que hacia la consulta vinculante en forma ilegal. Todos sabemos que el ejecutivo no puede llamar a una constituyente. Siendo el congreso el único facultado para eso, aquí se dio el golpe de Zelaya. Además es necesario que la CIDH y la Comisión de la Verdad conozcan los actos vandálicos que Zelaya consintió, y el patrocinio y complicidad de su canciller Patricia Rodas, que permitió el activismo de agitadores profesionales de otros países. Eran nicaragüenses y venezolanos a los que se les había brindado pasaporte hondureño en forma arbitraria para atentar contra los derechos humanos de hondureños. También hay que informar a la CIDH (por medio del informe de la Comisión de la Verdad) que de acuerdo con la Constitución de Honduras, Zelaya y sus ministros cesaron de ostentar sus puestos y perdieron mando en el mismo momento en que violaron el artículo 239 de la Constitución de la República. Zelaya y su banda de vende-patrias niegan estas acusaciones pero cualquier persona con un poco de lucidez puede encontrar estas pruebas en el sitio “youtube”. Pueden ver a Zelaya lamentando que los presidentes no pueden reelegirse, cuando los alcaldes pueden hacerlo, al igual que los gobernadores, pero que “la reelección es tema de la próxima asamblea nacional constituyente”. También pueden escuchar a su nefasta canciller Patricia Rodas hablando de que no importa la constitución porque la reelección es facultad “del soberano” (Soberano que ella misma irrespetaba porque el soberano no los apoyaba. Ella era la principal organizadora de un fraude. Lo que estaban haciendo no era limpio. Tampoco era legal ni legítimo.). El gobierno de Porfirio Lobo, en aras de crear un clima de entendimiento, los absolvió de los delitos políticos y del delito de traición a la patria, pero sigue vigente que estas personas no pueden ejercer ninguna función pública por 10 años. Es necesario poner estos detalles sobre la mesa, porque son argumentos que contribuyen a nuestra causa. Estas pruebas existen y es necesario que el mundo las conozca.
La institucionalidad hondureña se ha extrapolado en indulgencias para Zelaya y “los Patricios” y la clase política hondureña, al igual que el presidente Porfirio Lobo, ha tratado de reducir el nivel de animadversión que el anterior gobierno creó, debo exponerlo, con una fuerte dosis de perfidia y alevosía. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilez, ha sido torpe al no presentar un comunicado contundente como respuesta (la demanda de Zelaya fue presentada incólume en muchos periódicos). Todo esto es contraproducente porque le da vía libre a los anarquistas (financiado por Chávez) para que reescriban la historia. La clase política de Honduras pareciera olvidar que decir la verdad, y toda la verdad, es la mejor arma que tiene Honduras para defenderse.
Mientras los anarquistas trabajan sin descanso impregnando la frase “golpe de estado” en cuanto medio de comunicación puedan, a muchos se les olvida cuan turbulento fue el gobierno de Zelaya. Fue un gobierno marcado por algunas cosas buenas constituidas por ciertos programas sociales (algunos que muchos ven de reojo porque se sustentaban en aviesas intenciones y no en continuar el ascenso heredado), el caos, el desvío de fondos, el despilfarro, el masivo endeudamiento, las cortinas de humo, y una rampante corrupción. Nadie dice que Zelaya recibió una moneda estabilizada, una condonación de la deuda externa, un crecimiento país de 6% anual, y que se dedico a echarlo todo al cesto de la basura. ¿POR QUE? ¿CON QUE DERECHO? ¿CON QUE INTENCION? La prueba de que el país podía desarrollarse dentro del marco democrático, fue intencionalmente marginada, porque esa realidad no le era útil ni conveniente a un gobierno que se obcecaba por derogar la constitución vigente, jamás diciendo CUALES reformas haría. [[[[[El pueblo Hondureño (1 de cada 8 hondureños vive en Estados Unidos) nunca aprobaría de un régimen comunista.]]]]]]]] Esta es prueba de la más oprobiosa y solemne de las cobardías, dado que estamos hablando de un gobierno que abiertamente planteaba una nueva constitución como una panacea para resolver todos los problemas del país. De modo que nunca se dedicaron a gobernar. Prueba de su grosero latrocinio fue la ilegal no-aprobación del presupuesto del país. Esta es otra prueba de la que debe haber constancia en la Comisión de la Verdad, y que el mundo debe conocer.
Es un descaro que después de haberle hecho tanto daño a Honduras, estos personajes se manifiesten tan frescos reclamando una indemnización económica (para seguirle desaguando, sin remordimiento, el dinero al pobre pueblo hondureño), una sanción disciplinaria y penal “contra responsables del “golpe de estado” (Quieren que la CIDH los acompañe para pasar por encima de el estado de derecho. Quieren una conflagración). Esta es otra prueba de su siempre irrespetuoso proceder, pues ya se sabe que el congreso otorgó amnistía a todos los delitos políticos. Pero me quedo sin palabras cuando hablan del “restablecimiento de la democracia” (Algo que se ha mantenido y que no se ha perdido) a través de la convocatoria e instalación de un Asamblea Nacional Constituyente. Y es que ¿LA CIDH va a decidir si se instala o no, una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras? Esta es otra constancia de la locura, la monomanía, y el desafuero de estas personas y de su obcecación por perpetrarse permanentemente en el poder.
Final mente, no se debe hacer el argumento de que es ilegal llamar a una constituyente en Honduras. ESTO, ADEMAS DE CONTRAPRODUCENTE, NO ES CIERTO. ESA ES LA JUSTIFICACION QUE ZELAYA Y RODAS USAN PARA DECIR QUE “FUERON ORILLADOS POR EL SISTEMA”, y que por eso hicieron lo que hicieron. F-A-L-S-O. NO SE LES DEBE PROPORCIONAR TAN FACIL EXCUSA. Lo que sí es cierto es que la constitución reprocha cualquier reforma que no esté hecha dentro de las normas y procedimientos que la misma constitución estipula, y que lo que la constitución estipula es que solo el congreso puede llamar a una constituyente. Si hubiera sido cierto que lo que se pretendía era dar espacios de participación ciudadana, los diputados liberales habrían presentado una iniciativa de participación similar a la que tienen en Costa Rica, (derogando la ley del plebiscito y referéndum tal y como fue aprobada, y aprobando otra ley similar) y Honduras se hubiera ahorrado todo este lío. —Siendo Honduras una democracia republicana y representativa, no habría ninguna contradicción entre hacerla más participativa por medio de las normas y procedimientos que la misma constitución estipula. De hecho hay iniciativas de ley en el congreso procurando este fin.—-Pero esto no era cierto y la prueba de ello es que estaban utilizando medios artificiosos para lograr sus fines. ¿Por qué lo hacían de esta forma? La bancada LIBERAL (y no Marxista) les habría servido si sus fines hubieran sido tan cándidos como ellos dicen. Pero es que lo que querían hacer era tan radical y tan perverso que requería una bifurcación. Esto no tendría (y nunca tuvo) el beneplácito de la sociedad hondureña, ni de su propio partido. Lo que había era una animadversión entre los poderes del estado y esto era así porque el ejecutivo atentaba contra el poder legislativo y judicial, tratando de perpetrar una dictadura. Esto Honduras lo supo bien. Zelaya (además de haber liderado un gobierno turbulento) fue el culpable de la crisis porque flagrante y abiertamente desconoció los veredictos inapelables (y la autoridad) de la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras. Punto Final.

Publicado por Christian Rishmawy Rivera, 15/10/2010 6:01pm (Hace 2 años)